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Declaración del Consejo de Ministros de Relaciones
20/03/2012
Comunicado Conjunto Brasil-Uruguay
31/07/2012

Malvinas paraguayas

Malvinas paraguayas

Salvador Raza

Mientras la remoción del presidente Fernando Lugo del poder puede parecer legal bajo la Constitución de Paraguay, desde los marcos democráticos se podría cuestionar la legitimidad del acto.

La calificación del proceso como político, jurídico o administrativo, bajo las reglas internacionales, depende del criterio primario de interpretación utilizado para justificar o neutralizar el peso que el corto tiempo del rito procesal tiene en la composición del juicio de valor respecto a la cuestión de legitimidad.

El tiempo gana valor bajo la premisa de que el proceso democrático es un proceso canónico, o sea, en su contexto, exige que:

a. Todas las partes tengan asegurada su capacidad y efectividad de expresar sus entendimientos respecto a cuales son las alternativas en juego, y cuáles son sus posiciones y preferencias respecto a ellas.

b. Que cada parte tenga la percepción, dentro del tiempo del proceso, de que todas las otras entenderán cuál es, y lo que significan, sus preferencias bajo un mismo marco común interpretativo de las alternativas.

c. Que una vez identificada, validada y certificada la convergencia de la preferencia colectiva respecto a una de las alternativas, todas las partes, independientemente de sus posiciones anteriores, acepten, a priori, esa posición colectiva como suya propia, amalgamando en ella sus estructuras de preferencias individuales.

d. Que todas las partes acepten cambiar solamente las reglas que instrumentalizan a los tres cánones anteriores por medio de la normativa que ellos mismos, en conjunto y solidarios, definen.

El marco jurídico constitucional impone autoridad y define el flujo procesal de un único (y por lo tanto excluyente de los demás) marco democrático. Cada marco democrático que un país construye y adopta para sí, es de este modo una función de forma interpretativa de cada uno, y de las relaciones entre si, de esos cánones.

En Paraguay, según un racionamiento lógico, la deposición del Presidente tiene validez dentro de la autoridad otorgada por el marco jurídico nacional ; pero según otro racionamiento, igualmente lógico, la deposición no tendría validez por contrariar la función de forma del marco democrático.

Las dos lógicas son mutuamente excluyentes. La primera afirma que la naturaleza particular de la función democrática elegida por un país es generada en las reglas generales que definen su forma de funcionamiento. La segunda afirma que las reglas de funcionamiento son construidas para dar una forma particular a la naturaleza general de la función democrática.

Presentada en esos términos, las posiciones de Brasil (así como la de otros países) respecto a la deposición del presidente Lugo, en alineamiento con una o otra de esas dos lógicas, va a traducir sus criterios de utilidad, que son siempre construidos y sostenidos en ideologías políticas.

De manera que cualquiera que sea la preferencia política, esa será sostenida en principios democráticos. Una condición muy particular y compleja del caso Paraguay, que va llenar de tinta muchos artículos académicos expresando preconceptos políticos justificados en sus propias preferencias ideológicas, y artículos de periodistas que van a comunicar detalles, sin entender el todo, apoyando, muchas veces sin saber, a una u otra preferencia política escondida dentro de la práctica de esas dos lógicas.

Si la prioridad es la estabilidad político-institucional de Paraguay; Brasil entonces debe aceptar la legitimidad del cambio, arraigándose en el principio de auto-determinación de los pueblos. Lo que no significa lo mismo que automáticamente apoyar la plataforma política que sostiene el nuevo Presidente.

Como en la percepción pública de los resultados de la práctica política las dos cosas se confunden (el proceso de cambio de los agentes políticos y el cambio de los agentes políticos), una postura cautelosa de política exterior brasileña debe primero, ganar tiempo para identificar las fuerzas de cambios en los retos que definen la seguridad energética y la seguridad geoestratégica de Paraguay.

Los retos de esas dos dimensiones de seguridad están fuertemente correlacionadas con la mutua complementariedad y dependencia del desarrollo nacional de Paraguay y Brasil, por medio de un conjunto estable de reglas que normalizan la práctica de la diplomacia comercial.

Eso significa, para Brasil, la posibilidad de neutralizar una reivindicación (que ciertamente vendrá en breve) por Paraguay de mayores beneficios de la hidroeléctrica de Itaipu, sin que eso genere una crisis internacional.

Así como la posibilidad de neutralizar la probabilidad (remota mas muy peligrosa) de que el nuevo gobierno pueda utilizar el nacionalismo como herramienta de unidad nacional en la construcción del apoyo político para la sustentación de la validez jurídica de la transferencia de poder.

Esa es la tesis que maliciosamente se denomina “Las Malvinas Paraguayas”, según la cual el gobierno manipularía la condición de “rescate” de la soberanía en las fronteras con Brasil para validar una acción preventiva y limitada del Ejército de Paraguay frente a los temores infundados de que Brasil pueda hacer una acción “imperialista-intervencionista” para asegurar los derechos de sus nacionales en tierras paraguayas.

Por otro lado, si la prioridad de Brasil es la estabilidad de la función reguladora de la democracia en su entorno estratégico (donde Paraguay es apenas parte de la ecuación politica), ahí entonces Brasilia (y no el embajador en Asunción) debe, en cuanto afirma el valor de la democracia en la construcción de la paz, “moderadamente” indicar la vinculación de su silencio neutral con su deseo de ver una revisión del sector de seguridad de Paraguay, por medio de la elaboración de una nueva Política de Seguridad Nacional (PSN), centrada en la protección ciudadana y en el control de áreas de fronteras.

Lo mejor sería que la iniciativa de anunciar la intención de revisar la PNS partiera del nuevo gobierno de Paraguay. El ideal sería que eso ocurriera ya. Antes que Brasil tenga que comunicar sus preferencias.

Así, esa simple declaración de intención respecto a una nueva PSN, al afirmar el principio de protección de los derechos individuales y humanos, podría conquistar la validación política del nuevo gobierno, al reconstruir la función de forma de la democracia dentro de la diplomacia política.

El tiempo de respuesta en momentos de tensión política es siempre corto. Siendo su extensión comprendida entre dos errores clásicos en política exterior. El primer error es hacer declaraciones precipitadas.

El riesgo acá, como lo genera la Unasur, es el de limitar las alternativas de construcción de soluciones, simplemente por no entender la estructura del problema; o, al revés, que esas declaraciones simplemente señalicen la limitada relevancia de la Institución, ya que nadie les pone atención.

El segundo error es esperar que un hecho político pueda regenerarse por sí mismo, pasado el tiempo requerido para que la opinión pública se le olvide su significado, mientras se delibera eternamente, sin generar decisiones sustantivas.

El riesgo acá, como lo genera la OEA (en un patrón recurrente en otras situaciones similares de crisis políticas en el Hemisferio), es el de que durante la extensión del silencio emerjan cuestionamientos respecto a la continuidad de la relevancia de la institución en el ambiente de decisiones estratégicas; o, al revés, de afirmar con el silencio la continuidad de la validez de la estructura de decisiones dicotómicas donde la crisis fue generada.

Dentro de esos dos tiempos políticos, las políticas públicas, por sus propias naturalezas proactivas – orientadas al futuro – generan sus efectos, mientras constantemente recrean la función de forma de la democracia.

El gran desafío del nuevo gobierno de Paraguay es la gestión de esos tiempos políticos, creando las condiciones de resolución de la dicotomía entre el envoltorio jurídico y la función de forma de la concepción democrática.

Es de esperar que la Cancillería de Paraguay tenga competencia analítica y madurez diplomática para crear el tiempo político donde se pueda construir el cambio de poder como un hecho concluido.

Para eso basta que Paraguay reconozca y remueva la opción dicotómica entre las dos lógicas de formación del contexto de las decisiones democráticas. No basta estar en el poder, se necesita establecer gobernabilidad, lo que requiere competencia analítica en la formulación de políticas y, claro, un poco de suerte.

Salvador Raza es un analista brasileño, director del programa Stability & Reconstruction en la National Defense University, de Washington, donde se doctoró. Es consultor para la formulación de políticas y estrategias para varios países

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