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Política Nacional de Inteligencia será perfecciona

Política Nacional de Inteligencia será perfeccionada

La Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia (CCAI), aprobó informe del senador Eduardo Azeredo (PSDB/MG) el cual busca perfeccionar a la Política Nacional de Inteligencia (PNI), de autoría del Poder Ejecutivo.

Las sugerencias aprobadas serán analizadas por el Ejecutivo e incorporadas o no a la propuesta de la PNI la cual será posteriormente enviada al Congreso Nacional.

De acuerdo con Eduardo Azeredo, relator de la materia y presidente de la CCAL, la PNI dará una nueva estructura al Sistema Brasileño de Inteligencia (Sisbin).

Según el, “esa debe ser una preocupación importante en una democracia como la que vive Brasil”

Azeredo destaca que la Política Nacional de Inteligencia enfatiza la importancia de esa actividad en el mundo contemporáneo, bajo dos aspectos: la necesidad de la inteligencia actualizarse conforme el desarrollo de nuevas tecnologías; y la potenciación del “interés de la actividad de inteligencia” a través de fenómenos como la violencia, la criminalidad organizada y el terrorismo.

A fines de viabilizar las diez directrices adoptadas por la PNI – entre ellas están la ampliación de la confiabilidad del Sisbin, el fortalecimiento de la cultura de protección de conocimientos y prevención de acciones de sabotaje – el senador propuso unos cambios legislativos que permitan la elaboración de una Estrategia Nacional de Inteligencia y la implementación de los planes nacional y sectoriales.

En su evaluación, es meritoria la importancia que la PNI atribuye a la distribución de informaciones y al trabajo coordinado e integrado de la comunidad de inteligencia frente a las amenazas para ejecución eficiente de su misión.

La PNI enumeró 11 amenazas a la integridad de la sociedad y del Estado y a la seguridad nacional: espionaje; sabotaje; interferencia externa; acciones contrarias a la soberanía nacional; ataques cibernéticos; terrorismo internacional; actividades ilegales involucrando bienes de uso dual y tecnologías sensibles, utilización de armas de destrucción masiva; criminalidad organizada, corrupción; y acciones contrarias al Estado Democrático de Derecho.

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